1. El 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
2. El 33% de los integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
3. La Procuraduría/Fiscalía General de la República.
4. El 33% de los integrantes de las legislaturas de las entidades federativas.
5. Los partidos políticos con registro nacional o estatal.
6. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
7. Los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas.
8. El Ejecutivo Federal por conducto de la Consejería Jurídica del Gobierno.
9. Organismo garante que establece el artículo 6°. de la CPEUM y los organismos garantes equivalentes en los Estados de la República.

1. Una vez que se presenta la demanda ante la SCJN, el Presidente designa, por turno, a un Ministro, al que se denomina Ministro Instructor, quien será responsable de llevar el trámite del asunto.
2. Se examina el escrito de demanda y corrobora que cumpla con los requisitos que señala la ley, en caso contrario, prevendrá a la parte actora para que aclare su demanda. Si se encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará el asunto; si el escrito reúne los requisitos, se admite y comienza el trámite para su resolución.
3. Cuando la demanda es admitida, se solicita al órgano emisor y al promulgador de la norma que se impugna, que rindan un informe dentro del plazo de quince días. En este informe, las autoridades que emitieron y promulgaron la norma deben plantear las razones y fundamentos legales para sostener que es constitucional.
4. De igual forma, se solicita a la Procuraduría /Fiscalía General de la República que manifieste su opinión (pedimento) sobre el asunto. Además, en los casos en que se impugnan leyes en materia electoral, se solicita la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5. Después de presentados los informes requeridos, o habiendo transcurrido el plazo para ello, se otorga a las partes involucradas en el procedimiento un plazo de cinco días para que formulen sus alegatos. Los alegatos son los argumentos jurídicos de cada una de las partes involucradas para sostener su postura, ya sea a favor o en contra de la constitucionalidad de la norma impugnada.
6. Cuando se impugnan leyes de carácter electoral, se consideran hábiles todos los días y horas. Además, la ley dispone plazos más cortos para el trámite de los asuntos electorales; por tanto, el plazo para rendir informes es de seis días y para presentar alegatos es de dos.
7. Después de haber concedido a las partes la oportunidad para defender sus posiciones respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada, se estudia el asunto y se elabora un proyecto de sentencia para que se resuelva en definitiva. El proyecto es discutido en el Pleno de la SCJN.
8. Durante la sesión del Pleno, se discute públicamente el proyecto de sentencia. Este proyecto puede ser aprobado, rechazado, o bien, sufrir modificaciones de acuerdo con las observaciones de los demás integrantes que conforman el Pleno. Al final de la discusión, se realiza la votación sobre el sentido de la sentencia. Se necesitan, al menos ocho votos para que una norma se declare inconstitucional, es decir, inválida.

Las resoluciones del Pleno de la SCJN deben contener, por lo menos, lo siguiente:

1. La mención precisa sobre la norma general que se impugnó.
2. Los razonamientos jurídicos que se tomaron en cuenta para determinar el sentido de la sentencia.
3. Los puntos resolutivos que precisen el sentido de la sentencia, los cuales podrán declarar:
1. la constitucionalidad (validez) de la norma impugnada;
2. la inconstitucionalidad (invalidez);
3. la constitucionalidad parcial (invalidez parcial);
4. el sobreseimiento del asunto (resolución que declara la existencia de un obstáculo durante el desarrollo del procedimiento que impide estudiar el fondo del asunto);
5. la desestimación de la Acción de Inconstitucionalidad (resolución que se dicta cuando la mayoría de los Ministros considera que la norma es inconstitucional, pero la votación no alcanza al menos ocho votos; en estos casos, se ordena el archivo del expediente y la norma impugnada continúa teniendo vigencia).
4. En el caso que se declare la inconstitucionalidad (invalidez) de la norma general impugnada, deberán precisarse los alcances y efectos de tal declaración; asimismo, se debe establecer la fecha a partir de la cual tiene vigencia la declaración de inconstitucionalidad.